PREGUNTAS Y RESPUESTAS
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Ésta es la situación de Italia en 2016: paro juvenil al 67 % en algunas zonas, sobre todo en el sur; primer país en Europa por nivel de corrupción percibido; 11 miliones de personas que no pueden permitirse acceder a la asistencia sanitaria; alrededor de 10 miliones de italianos que viven por debajo del umbral de pobreza establecido por el Eurostat y el ISTAT; nos enfrentamos a situaciones de emergencia en términos de emigración y trabajo. ¿Era realmente necesario reformar la Constitución justo ahora? NO. Renzi, con el poder del que dispone, podría haber sacado adelante una ley seria contra la corrupción, un plan real para crear puestos de trabajo o poner en marcha una renta de ciudadanía. Y sin embargo, decide reformar la ley más importante, la que une el país y nos asegura un orden democrático. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué obligar al país a decidir sobre algo que no es en absoluto prioritario? Porque Renzi quiere ampliar su poder personal y sus colegas quieren asegurarse un puesto de trabajo con la correspondiente inmunidad. Ésta es su prioridad.

NO. Se nombrarán nuevos senadores, designados entre alcaldes y consejeros regionales, además de los nombrados por el jede del Estado. Seguirán existiendo los grupos parlamentarios, así como las comisiones. Seguiremos pagando la gran mayoría de los costes del Senado, es decir, los sueldos y las indemnizaciones de los nuevos senadores, la gestión de los inmuebles y de toda la estructura, los servicios, el personal, etc.

NO. Aquí empieza el tiovivo de los números, el terrón de azúcar para tragar mejor la amarga píldora: el ministro Boschi ha mencionado un ahorro de 490 millones de euros cada año, Renzi incluso llegó a hablar de mil millones. La direccion general de contabilidad nos puede dar la cantidad oficial: en torno a 57 milliones de euros. Es un ahorro ridículo para el Estado. Valga como ejemplo: al no juntar el referéndum sobre las perforaciones del pasado 17 de abril con las elecciones municipales, el Gobierno Renzi despilfarró unos 300 millones de euros.

A parte de la eliminación del CNEL , que nosotros consideramos oportuna pero marginal, si se aprueba esta reforma se pierde la ocasión de reducir realmente los costes de la política: reduciendo a la mitad todos los parlamentarios, incluso los de la Cámara (que cuenta con el doble de miembros), nos habríamos ahorrado el doble. Es más, reduciendo a la mitad también sus indemnizaciones, el ahorro total hubiera llegado a ser el cuádruple. Puestos a ello, más valía eliminar completamente el Senado, ahorrando hasta diez veces la cantidad original. Incluso hablando del CNEL, Boschi se ha referido a un ahorro de unos 20 millones de euros el año, pero si se hacen las cuentas el valor real es de poco más de 2 millones.

NO. Se añaden más de 10 nuevas rutas para aprobar una ley, a la vez que unas 22 categorías de normas se mantienen bicamerales, es decir, siguen siendo de competencia tanto del Senado como de la Cámara. Esto no solamente llevará a un aumento de los “rebotes” de una cámara a otra, sino que dará lugar a inevitables conflictos sobre la tipología a la que pertenece una propuesta de ley, es decir, sobre cómo se tiene que debatir y quién tiene que aprobarla. Como resultado, el ping-pong entre Cámara y Senado podría prolongarse durante meses.

SÍ. A los nuevos senadores no se le podrá registrar, interceptar las llamadas ni incluso arrestar sin autorización de sus propios colegas. Al ser las funciones del alcalde o del consejero regional difícilmente separables de las del senador, eventuales investigaciones de los primeros podrían enfrentarse a graves obstáculos, o incluso directamente a la imposibilidad objetiva de llevarlas a cabo. Cabe recordar que estamos hablando de la clase política más corrupta de Italia.

NO. El Senado seguirá teniendo la posibilidad de proponer modificaciones a las leyes, que la Cámara tendrá que rechazar por mayoría. En varios campos, como la reforma de la Constitución y las autonomías locales, el Senado mantendrá una competencia idéntica a la de hoy, con lo que se tendrá que adoptar el procedimiento bicameral.

NO. Los senadores serán escogidos por los Consejos regionales. A pesar de que en un párrafo se dice que los senadores serán elegidos “conforme a las elecciones realizadas por los electores”, dicho párrafo se refiere a la duración de su mandato. Es uno de los muchos líos producidos por esta revisión constitucional, pero el resultado siempre es el mismo: los nuevos senadores no serán elegidos directamente por los ciudadanos, sino que se tratará de políticos designados por otros políticos y que, por lo tanto, no garantizarán el territorio ni representarán a los ciudadanos, sino solamente a los partidos a los que pertenecen.

NO. Es el Gobierno, y no el Parlamento, quien puede decidir si una ley de Estado tiene competencia en materia regional. No es difícil por lo tanto imaginar que el Gobieno tendrá las manos libres para operar tambien en cuestiones de competencia regional.

NO. La reforma aumentará incertidumbres y litigios, como pasó ya con la fracasada reforma del Centroizquierda de 2001. Esta reforma no prevé mecanismos de resolución de los conflictos de competencias entre Camera y Senado, ni entre Estado y Regiones: aunque el Senado aprobara una nueva ley, nada impediría a una Región cuestionar la legitimidad constitucional de dicha ley.

NO, la dificulta.Las firmas necesarias para presentar una propuesta de ley se han triplicado, pasando de 50 000 a 150 000. Los nuevos referéndums deberán introducirse primero con una nueva ley constitucional y después con otra ley ordinaria.

SÍ, pero esta reducción en el quórum (que equivale a la mayoría de votantes de las últimas elecciones) sólo se aplica para preguntas que sean apoyadas por la enorme cantidad de 800 000 firmas.

La mayoría tendrá los 3/5 de los votantes, con lo cual puede decidir por sí misma quién será el presidente de la República. Por otro lado, los cinco jueces del Tribunal Constitucional no serán elegidos por el Parlamento reunido en sesión plenaria como a día de hoy, sino que serán elegidos separadamente por las dos Cámaras. Al Senado le corresponderá la elección de dos de ellos, a la Cámara, tres. Los órganos de garantía del Estado no pueden ser escogidos por simple mayoría, porque es necesario que los mecanismos de elección garanticen su independencia y neutralidad.

NO. Porque centraliza los poderes a favor del Estado y perjudica las Regiones, y, dentro del Estado, favorece al ejecutivo y perjudica a los ciudadanos. Por lo tanto, esta reforma no une sino que divide. Con ella desaparece la soberanía del pueblo reconocida por el artículo 1.

NO. El gobierno de Berlusconi llevó a cabo hace sólo 10 años una reforma que en muchos aspectos se parece a ésta, pero los ciudadanos la rechazaron con el referéndum de 2006. Los líderes del PD de entonces decían que se trataba de una reforma peligrosa, por la manera con que la impuso la mayoría liderada por Berlusconi y por sus contenidos, mientras que hoy imponen una reforma parecida con una mayoría antidemocrática.

NO, de hecho, sucede más bien lo contrario. Si se aprueba esta reforma, en la Camara tendrá la mayoría el que gane las elecciones y en el Senado, el que gobierne en más regiones. Nos arriesgamos al caos institucional. Sea quien sea quien gana las elecciones, se enfrentará en el Senado a una mayoría que podría cambiar cada año con las elecciones regionales. Cualquier intento de reforma en marcha podría ser parado y nunca más tendríamos la posibilidad de reparar a los dramáticos errores de esta reforma.

SÍ, en teoría; en la práctica, NO. De hecho, esta reforma, junto con la ley electoral, crea un presidencialismo enmascarado que carece de los mecanismos de equilibrio típicos de estos sistemas. La leyes del gobierno tendrán siempre una vía rápida; será el Gobierno quien imponga al Parlamento las leyes e influya en la composición de los órganos de garantía Constitucionales (Tribunal Constitucional, jefe del Estado, Consejo Superior de la Magistratura) y de las autoridades independientes. Además, la cláusula de supremacía otorga una vez más al Gobierno, en lugar de al Parlamento o al Senado, el poder de sobrepasar las Regiones

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